Alejandro Peza
Al menos diez comunidades rurales de la franja limítrofe de Quintana Roo con Campeche contarán con agua potable a partir del primer semestre del año 2026.
El representante legal de esas comunidades, Andrés Blanco Cruz indicó que después de 40 años, finalmente los pobladores tendrán acceso al servicio de agua potable, gracias a la conclusión de la obra del acueducto y de las redes de distribución que permitirán el suministro permanente del líquido.
Andrés Cruz, dijo que el acueducto ordenado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación inicio su construcción desde el año 2020 y pretende dotar de agua potable a comunidades de la zona limítrofe.
«Son alrededor de 5 mil habitantes de comunidades rurales de la zona limítrofe con Campeche, que esperan el cumplimiento de las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) las cuales, desde 2020, obligan a la comisión de agua potable y alcantarillado (CAPA) a dotarlos de agua potable, a través de la construcción de un acueducto y redes de distribución hasta sus domicilios», explicó.
El representante jurídico, comentó que los habitantes beneficiados están en las localidades de Caña Brava, Guillermo Prieto y Felipe Ángeles, quienes esperan la construcción del acueducto de 50 kilómetros, desde Dos Aguadas.
El abogado destacó que este proyecto representa una de las demandas sociales más sentidas de la región, ya que durante décadas las familias han padecido la carencia de agua potable, dependiendo de la captación pluvial, el acarreo desde largas distancias o la compra del líquido a elevados costos.
«Con la culminación del acueducto, se dará un paso decisivo para mejorar la calidad de vida, la salud y el desarrollo de estas comunidades», comentó.
Andrés Blanco Cruz explicó que la infraestructura principal del acueducto se encuentra prácticamente concluida, luego de una inversión acumulada de aproximadamente 130 millones de pesos que, desde hace seis años, ha sido destinada por el Gobierno de Quintana Roo para la construcción de esta obra estratégica. No obstante, puntualizó que para que el sistema pueda entrar en operación plena únicamente resta una inversión adicional de 20 millones de pesos, recursos que se utilizarán para concluir detalles técnicos, interconexiones y la puesta en marcha de las redes de distribución en las localidades beneficiadas.
“El proyecto está avanzado y es una realidad tangible. Con los recursos ya invertidos se cuenta con la base del acueducto; ahora solo falta ese último impulso presupuestal para que las comunidades puedan abrir la llave y contar con agua potable en sus hogares”, afirmó.
El abogado subrayó que el acceso al agua potable no solo impactará en la salud pública, al reducir enfermedades gastrointestinales y otros padecimientos asociados al consumo de agua no tratada, sino que también abrirá oportunidades para el desarrollo productivo, educativo y social de la región, históricamente rezagada por su ubicación geográfica y la falta de servicios básicos.
Asimismo, señaló que la conclusión del proyecto permitirá saldar una deuda histórica con las comunidades rurales asentadas en la franja limítrofe, muchas de las cuales han enfrentado condiciones de marginación y abandono institucional.
“Garantizar el derecho humano al agua es fundamental para avanzar en la justicia social y en el bienestar de las familias que habitan estas zonas”, expresó.
El abogado dijo que hay confianza de que las autoridades gestionarán y autorizarán los 20 millones de pesos faltantes, a fin de que en 2026 el acueducto pueda operar al cien por ciento y el suministro de agua potable sea una realidad para las diez comunidades rurales beneficiadas, marcando un antes y un después en la vida cotidiana de sus habitantes.
