Alejandro Peza
El abogado Ángel Mora Castillo presentó en el Congreso del Estado una iniciativa para reformar el Artículo 236, Capítulo Segundo, de la Ley de Movilidad de Quintana Roo con el objetivo de frenar las retenciones innecesarias de vehículos, los altos cobros por uso de grúa y corralón, así como prácticas de corrupción ligadas a estas detenciones.
La propuesta busca limitar la aplicación de la medida más severa prevista en la normativa, el traslado del vehículo al corralón, únicamente a casos realmente graves: conducir bajo los efectos del alcohol, participación del automotor o conductor en un delito, o cuando se determine que el ciudadano está imposibilitado para manejar y representa un riesgo para terceros.
El abogado señaló que la legislación vigente se ha convertido en un mecanismo que permite a los agentes de Tránsito aplicar la sanción máxima incluso ante faltas menores, obligando a los conductores a cubrir no solo el pago de la infracción, sino también elevados costos de grúa y almacenaje vehicular. Esta práctica, afirmó, golpea la economía de cientos de familias y se ha normalizado sin justificación legal sólida.
El litigante subrayó que esta facultad ha derivado en un terreno fértil para la corrupción, donde algunos elementos utilizan la amenaza del arrastre al corralón como forma de presión para obtener pagos ilegales a cambio de “perdonar” la infracción. “La propia ley, tal como está redactada, se presta a que el ciudadano sea orillado a entregar una mordida para evitar gastos desproporcionados”, expuso.
Añadió que en todo el estado existe un patrón de abuso en las remisiones vehiculares y que Quintana Roo se coloca en desventaja frente a otras entidades del país donde la norma es más flexible cuando se trata de faltas viales menores. “Aquí, el arrastre es casi automático, sin análisis del riesgo real ni proporcionalidad de la sanción”, afirmó.
La iniciativa busca que el Congreso ponga fin a lo que el abogado denominó “el brazo recaudatorio” de la Ley de Movilidad, modificando la norma para garantizar justicia, proporcionalidad y un auténtico enfoque de movilidad, no de recaudación ni de oportunidad para la corrupción. Se espera que la propuesta sea turnada a comisiones para su análisis en los próximos días.
