Alejandro Peza
Organizaciones civiles, colectivos de familias y especialistas en inclusión denunciaron que el Gobierno de Quintana Roo mantiene un rezago significativo en el cumplimiento de la Ley para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, vigente desde 2017 y actualizada en 2022, pero que “sigue siendo letra muerta” ante la falta de políticas, presupuesto y acciones efectivas.
De acuerdo con las asociaciones civiles, las dependencias estatales no han cumplido con obligaciones mínimas establecidas en la legislación, entre ellas la creación de un padrón estatal actualizado, la accesibilidad universal en edificios públicos, la capacitación obligatoria para servidores públicos y la existencia de un Consejo Estatal de Inclusión plenamente funcional.
“La ley establece con claridad plazos y responsabilidades, pero su implementación es prácticamente inexistente. Hoy las personas con discapacidad siguen enfrentando barreras físicas, administrativas y sociales que el gobierno ha ignorado”, señalaron representantes de la Red de Familias Especiales.
Los colectivos señalaron que más del 70% de las oficinas gubernamentales en Chetumal, Cancún, Tulum , Bacalar, Puerto Morelos, Cozumel y Playa del Carmen no cuentan con accesos adecuados, carecen de señalética en braille, rampas funcionales o sanitarios adaptados. Además, denunciaron que los centros de rehabilitación públicos operan con equipamiento obsoleto, listas de espera prolongadas y falta de personal especializado.
En materia educativa, indicaron que la Secretaría de Educación de Quintana Roo no ha logrado garantizar espacios suficientes en aulas de educación inclusiva y que muchas escuelas continúan sin adecuaciones físicas ni material didáctico adaptado, pese a que la ley obliga a la accesibilidad escolar progresiva.
Las organizaciones también denunciaron que el Consejo Estatal para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad ha operado de forma simbólica, con reuniones esporádicas y sin facultades reales de supervisión.
“No existe un presupuesto etiquetado, no hay metas, no hay indicadores. Sin recursos y sin un plan, el Consejo es solo un nombre en papel”, lamentaron los activistas.
En el ámbito laboral, señalaron que el gobierno estatal y los ayuntamientos tampoco han cumplido con la cuota mínima de contratación de personas con discapacidad en la administración pública. Además, los sistemas de transporte continúan siendo inaccesibles, especialmente en los municipios de Benito Juárez, Playa del Carmen, Felipe Carrillo Puerto, Tulum, Puerto Morelos y Cozumel donde las unidades carecen de rampas, espacios reservados o mecanismos de sujeción.
Ante este escenario, los colectivos anunciaron que presentarán una solicitud formal ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado y ante el Congreso Local para exigir la creación de una mesa de seguimiento independiente, así como auditorías en todas las dependencias con obligaciones en materia de inclusión.
“No estamos pidiendo favores, estamos exigiendo derechos. La ley es clara y tiene que cumplirse. El gobierno debe garantizar igualdad de oportunidades, accesibilidad plena y respeto a la dignidad de más de 120 mil quintanarroenses con algún tipo de discapacidad”, afirmaron.