Alejandro Peza
El abogado Andrés Blanco Cruz denunció que el Instituto Nacional Electoral (INE) está negando la emisión de credenciales para votar a habitantes de diversas comunidades de la zona limítrofe entre Quintana Roo y Campeche, al utilizar un mapa que clasifica estos asentamientos como parte del territorio campechano, a pesar de que el litigio por la delimitación aún no ha sido resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
De acuerdo con el jurista, decenas de ciudadanos han acudido a los módulos del INE ubicados en la región para actualizar o tramitar su identificación oficial, pero el sistema les impide registrar un domicilio quintanarroense, pues la cartografía empleada por el organismo electoral ubica a la mayoría de estas comunidades dentro del estado de Campeche. Esto provoca que los solicitantes sean canalizados a módulos campechanos o, en algunos casos, que el trámite simplemente sea rechazado.
“La autoridad electoral está operando con un mapa que no corresponde a la realidad jurídica. Mientras la Suprema Corte no emita una sentencia definitiva, el territorio en disputa sigue siendo administrado por Quintana Roo. Negar credenciales con base en una delimitación no reconocida legalmente afecta derechos ciudadanos”, señaló Blanco Cruz.
El abogado explicó que esta situación no es un hecho aislado, sino un problema que ya se ha detectado en localidades rurales, ejidos y pequeñas comunidades donde la disputa territorial ha generado confusión histórica. Añadió que las afectaciones van más allá del simple trámite, pues la credencial para votar es el principal documento de identificación oficial en el país.
“Quien no puede obtener su credencial enfrenta dificultades para acceder a servicios bancarios, trámites notariales, atención médica y hasta programas sociales. No es una molestia menor: se atenta contra el derecho a la identidad y la participación política”, subrayó.
Andrés Blanco Cruz exhortó al INE a corregir inmediatamente su cartografía interna y adoptar, mientras la SCJN delibera, los criterios que han prevalecido administrativamente durante décadas, que reconocen la presencia de autoridades quintanarroenses en la franja limítrofe. Asimismo, llamó a los ciudadanos afectados a documentar los casos y presentar quejas formales para dejar constancia del fallo institucional.
Un dato importante es que el litigio territorial entre Quintana Roo y Campeche lleva varios años en análisis en la Suprema Corte, sin que hasta el momento exista una resolución definitiva sobre la línea limítrofe. Por ello, el abogado advirtió que decisiones unilaterales de organismos federales, como el INE, pueden generar un precedente indeseable y complicar aún más el panorama jurídico.
Mientras tanto, los habitantes de esta franja fronteriza continúan en la incertidumbre y, ahora también, con el riesgo de quedar excluidos del padrón electoral y de los procesos democráticos futuros, debido a un error cartográfico que, afirman, vulnera sus derechos y su identidad como ciudadanos quintanarroenses.