Alejandro Peza
El activista social Jorge Luis Heredia Romero informó que la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) y la dirección de Recuperación de Adeudos Fiscales (DRAEF) han iniciado al menos 150 procedimientos de embargo contra usuarios que enfrentan adeudos acumulados por el servicio de agua potable en Quintana Roo.
De acuerdo con la legislación vigente, una deuda de agua potable y drenaje doméstico se convierte en crédito fiscal después de 18 meses, lo que incrementa el monto con multas y recargos, hasta duplicar el adeudo original.
De acuerdo con Jorge Luis Heredia Romero, estos procesos se encuentran en etapas avanzadas y algunos ciudadanos están a punto de perder su patrimonio, debido a que las autoridades fiscales han comenzado a notificar medidas precautorias y aseguramientos derivados de la falta de pago.
El activista señaló que varios de los afectados son familias de bajos ingresos, adultos mayores o personas que enfrentan dificultades económicas y que, dijo, “no han recibido alternativas reales de negociación o esquemas accesibles de regularización”.
Asimismo, criticó que la CAPA recurra a procedimientos de embargo sin agotar mecanismos de mediación más flexibles, especialmente en un contexto de presiones económicas que aún afectan a numerosos hogares.
Un dato importante es que hay casos en los que los usuarios ni siquiera recibieron una notificación previa clara o un plan de pagos viable”, afirmó.
Además en la mayoría de los procedimientos de embargo los usuarios carecen de asistencia legal y se teme de posibles irregularidades en su ejecución.
Habitantes afectados han pedido diálogo con CAPA para evitar que las medidas fiscales continúen escalando y derivando en la pérdida de viviendas o bienes esenciales.