Alejandro Peza
La Fiscalía Especializada en Combate a Delitos Sexuales determinó el no ejercicio de la acción penal en el caso presentado por Tania Karenina Galera Gómez, quien denunció por hostigamiento sexual y discriminación a dos mandos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.
La resolución, fechada el 21 de octubre, fue notificada por la fiscal Lizbeth Amalia Labastida Rodríguez, confirmando que las acusaciones carecían de sustento.
La denuncia había sido interpuesta el 29 de junio de 2024, apenas cinco días después de que Galera Gómez fuera notificada de su cese laboral como encargada de la Coordinación de Atención a Riesgos, según oficio firmado por el titular del Secretariado Ejecutivo, Adrián Martínez Ortega. El contexto temporal llamó la atención de los investigadores, al coincidir con su salida administrativa.
Durante la investigación se recabaron testimonios de testigos y personal del área, quienes coincidieron en señalar que no existió ningún tipo de hostigamiento ni conducta inapropiada por parte de los señalados, identificados como J. Ricardo y Virginia C. Todos los relatos presentaron una versión uniforme que desmontó la narrativa original y evidenció la falta de elementos para sostener la acusación.
De acuerdo con la información obtenida, Virginia C. y Tania Galera mantenían una amistad de más de dos décadas, lo que habría facilitado su ingreso al Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana en Chetumal. En septiembre de 2023, Tania fue promovida a una plaza de nivel 300, recomendada por Virginia, pero posteriormente su desempeño generó inconformidad en su entorno laboral.
El conflicto escaló cuando la denunciante describió un “ambiente hostil” en su área, señalando a compañeros y superiores. Sin embargo, al ofrecerle una reubicación en otra coordinación, manteniendo su salario y nivel, rechazó la propuesta, prefiriendo continuar en el puesto. Meses después, fue separada de su cargo por decisión administrativa y, poco después, presentó la denuncia penal.
La Fiscalía concluyó que no existieron elementos objetivos ni pruebas fehacientes que acreditan los delitos señalados, confirmando así la «inocencia» de los funcionarios y la legitimidad de las decisiones internas del Secretariado Ejecutivo.
Con la resolución, el caso quedó oficialmente cerrado.
