Alejandro Peza
La diputada presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, Lilia Miss Martínez, se pronunció a favor de la iniciativa presentada recientemente en el Congreso de la Unión que propone sancionar con penas de tres a seis años de prisión y multas de hasta 600 días de salario a quienes difundan “memes” u otros contenidos digitales considerados ofensivos o que atenten contra la dignidad de las personas.
Miss Martínez explicó que la propuesta no busca censurar la crítica política o social, sino establecer límites claros frente a los abusos que se cometen en redes sociales bajo el pretexto de la libertad de expresión. “Debe distinguirse la crítica constructiva al desempeño de los servidores públicos de las ofensas personales públicas que lesionan la integridad y reputación de las personas”, afirmó.
La legisladora señaló que en los últimos años las plataformas digitales se han convertido en un espacio donde la difamación y el hostigamiento se disfrazan de humor, afectando tanto a figuras públicas como a ciudadanos comunes. En ese sentido, subrayó que es necesario crear un marco legal más sólido que proteja la libertad de expresión, pero también los derechos humanos y la vida privada.
Agregó que la prevención de este tipo de conductas debe iniciar “desde el interior de la familia”, fomentando valores de respeto y responsabilidad en el uso de la tecnología y las redes sociales. “No se trata de criminalizar la opinión o la crítica legítima, sino de contener las expresiones que cruzan la línea hacia la agresión o la humillación”, puntualizó.
Lilia Miss Martínez consideró que el debate sobre esta iniciativa debe centrarse en encontrar un equilibrio entre la libertad de expresión y la protección de la dignidad humana, reconociendo que las nuevas formas de comunicación digital requieren también nuevas responsabilidades legales y éticas.
La propuesta legislativa, impulsada a nivel federal, ha generado opiniones encontradas entre especialistas y usuarios de redes sociales, algunos de los cuales advierten posibles riesgos de censura o persecución política, mientras que otros respaldan la idea de poner freno al acoso y las agresiones virtuales que proliferan en el entorno digital.