Alejandro Peza
Los propietarios de tiendas de abarrotes en Quintana Roo anunciaron que el próximo viernes 3 de octubre, a las 4 de la tarde, realizarán una manifestación en los bajos del Palacio de Gobierno y en el Congreso del Estado para exigir que se frene la iniciativa de incrementar hasta en un 87% el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a las bebidas azucaradas.
La protesta forma parte de una movilización nacional convocada por la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes A.C. (ANPEC), que busca visibilizar el impacto económico de la medida, la cual aseguran golpeará directamente a los negocios de barrio y a los consumidores de menores ingresos.
Rocío García Cruz, representante de ANPEC en Campeche, Yucatán y Quintana Roo, advirtió que el incremento “será devastador”, pues el alza proyectada de alrededor de tres pesos por litro podría traducirse en una caída significativa de ventas y, con ello, en el cierre de pequeños negocios como medida drástica.
“Este impacto primero lo absorbe el comerciante, pero al final el precio lo paga el consumidor. El problema es que la gente dejará de comprar y las tiendas no podrán sostenerse. Nosotros nos autoempleamos, generamos trabajo familiar y también damos empleo a otros; si bajan nuestras ventas, nos bajan la cortina”, señaló.
Aunque el gobierno federal ha justificado la iniciativa como una medida de salud pública para reducir obesidad, diabetes e hipertensión, García Cruz cuestionó la verdadera intención del aumento.
“Se sabe cuánto se va a recaudar, pero no tenemos certeza de que ese dinero se destine realmente a salud. Más parece una medida recaudatoria» expresó tras expresae que a nivel nacional
Se rumora que el gobierno busca tapar huecos financieros más que una política de prevención.
Los comerciantes también denunciaron que este incremento acentuará la competencia desleal con grandes y medianas cadenas de autoservicio y tiendas de conveniencia, que cuentan con mayores márgenes de maniobra y mejores acuerdos con proveedores.
Además, alertaron sobre los problemas que enfrentan los comerciantes a quienes les ofrecen productos de contrabando y la piratería, además del aumento de sitios que estan en la informalidad, fenómenos a los que se le suman temas de inseguridad y cobro de cuotas.
La ANPEC recordó que la economía familiar ya sufre una presión constante. La Canasta Básica Alimentaria (CBA) alcanzó en agosto un precio promedio de $1,979.15, con un aumento mensual de 0.65%. Desde la pandemia de COVID-19, los alimentos se han encarecido más de 33%, pulverizando los incrementos salariales y programas sociales.
Estamos hablando de que 70% de la población sigue padeciendo inflación alimentaria, y hay hogares que destinan hasta 90% de su ingreso solo a comida. A eso se le suma el IVA, IEPS, luz cara y extorsión. «El aumento propuesto es un golpe imposible de absorber”, recalcó la dirigente.
La iniciativa se encuentra en análisis en la Cámara de Diputados, por lo que los pequeños comerciantes hicieron un llamado urgente a los legisladores federales para frenar el incremento y abrir un diálogo real con el sector.
“Entendemos el argumento de salud, pero creemos que hay otros mecanismos más efectivos para atender esas causas sin poner en riesgo la subsistencia de millones de familias. Esta medida es radical e injusta, porque castiga al pequeño comercio y al consumidor más vulnerable”, concluyó García Cruz.
La protesta en Chetumal será el inicio de una serie de acciones de presión que podrían replicarse en toda la región si el gobierno federal insiste en mantener el aumento.