ALEJANDRO PEZA
13 DE MARZO DE 2018
La Fiscalía General del Estado, el Tribunal Electoral del Estado y el
Instituto Electoral de Quintana Roo firmaron un convenio de colaboración para la capacitación, difusión, divulgación y prevención en la comisión de delitos electorales y fomentar la participación ciudadana.
El fiscal General del Estado, Miguel Ángel Pech Cen, señalo que este convenio permitirá fortalecer el proceso jurídico de las elecciones.
“La Fiscalía General del Estado, el Tribunal Electoral del Estado y el Instituto Electoral de Quintana Roo han convenido son garantes de la legalidad, imparcialidad, objetividad y la prevención, por lo que la coordinación de esfuerzos entre los organismos involucrados permitirá un proceso electoral sano”.
En tanto la magistrada presidenta del Tribunal Electoral de Quintana Roo, Nora Cerón González dijo que la prevención evita que el Estado erogue recursos adicionales en la investigación, persecución, sanción y todo lo referente al procedimiento que conlleva cuando la conducta delictiva se ha consumado.
“Como todo ejercicio democrático bien sabido es que después de la jornada electoral se formularan impugnaciones, las cuales habremos de atender con irrestricto apego a la ley, pues cierta estoy que en el Tribunal Electoral de Quintana Roo brindado certeza, generamos confianza”.
En su mensaje, Mayra San Román Carrillo Medina, consejera presidenta
del Instituto Electoral de Quintana Roo, dijo que este convenio en materia de capacitación, deriva en un herramienta necesaria para las tres instituciones, sobre todo porque están inmersos en el procesos electorales.
“La propia dinámica conlleva que se puedan realizar algunas conductas
u omisiones diversos actores que puedan tipificarse como delitos, de ahí la relevancia que la ciudadanía conozca y esté informada para que cuente con elementos suficientes que les permita denunciar las conductas delictivas”.
Los titulares de estas tres oficinas señalaron que con este convenio se difunde la cultura de la justicia electoral y de los derechos civiles y electorales de los ciudadanos, de los órganos políticos y de las funciones de las instituciones a cargo de los mismos.
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