Alejandro Peza
El Congreso del Estado de Quintana Roo aprobó un presupuesto de más de 532 millones de pesos para el ejercicio fiscal 2026, una cifra que lo coloca entre los poderes legislativos más caros e ineficientes del país.
Al realizar un ejercicio aritmético simple, al dividir los 532 millones de pesos entre los 25 diputados locales que integran la actual Legislatura, el resultado es que cada legislador le costará al erario público más de 21 millones de pesos al año, es decir, alrededor de 1.7 millones de pesos mensuales por diputado, considerando únicamente el gasto global del Poder Legislativo.
Este monto contrasta con la limitada productividad legislativa, marcada por escasos avances en reformas de fondo, baja calidad en la fiscalización del gasto público y una percepción ciudadana de lejanía, opacidad y falta de resultados, lo que ha generado críticas por el elevado costo que representa mantener al Congreso frente a los beneficios reales para la población.
De acuerdo con el análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO):
El promedio nacional de presupuesto por diputado estatal es de alrededor de 12.5 millones de pesos al año.
En entidades con presupuestos más bajos, como Colima, Tamaulipas, Puebla, Yucatán o Campeche, el presupuesto no supera los 6 millones de pesos por legislador.
En cambio, en congresos como Quintana Roo, Baja California, Ciudad de México, Michoacán, Jalisco y Morelos, el presupuesto por legislador supera los 20 millones de pesos.
Así, los 21 millones por diputado en Quintana Roo no sólo están muy por encima del promedio nacional que es de 12.5 millones de pesos, sino que lo ubican en la categoría de congresos más costosos del país por legislador.
Además, análisis de IMCO señaló que el Congreso de Quintana Roo se ubica como uno de los poderes legislativos con mayor porcentaje del gasto total estatal asignado al Legislativo, superado sólo por Tlaxcala en términos relativos.
El hecho de que Quintana Roo esté en el segmento más alto del gasto legislativo no se debe únicamente al tamaño de su población o economía, sino a decisiones presupuestales que lo colocan por encima de muchos estados más poblados o con economías mayores en términos de gasto por legislador.
Y mientras se asignan recursos millonarios al Poder Legislativo, persisten problemas graves en áreas como salud, seguridad, infraestructura, servicios básicos y apoyo al campo, especialmente en municipios del sur del estado.
Lo peor es que la aprobación de este presupuesto refuerza la percepción de que el Congreso local opera con altos niveles de gasto administrativo, privilegios y estructuras burocráticas, sin que ello se traduzca en un mejor desempeño legislativo, mayor transparencia o una verdadera rendición de cuentas ante la ciudadanía.