Hektor Peza
El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo, Heyden Cebada Rivas, entregó formalmente el documento mediante el cual solicita poco más de 1 mil 300 millones de pesos como presupuesto para el ejercicio fiscal 2026. La propuesta fue presentada ante los diputados del Congreso del Estado con el objetivo de garantizar la operación del Poder Judicial y avanzar en el proceso de transformación institucional que se desarrolla en el estado.
Heyden Cebada explicó que la mayor parte de los recursos solicitados están destinados a consolidar una mejor impartición de justicia, principalmente a través de la reforma integral del Poder Judicial local, que contempla modernización administrativa, fortalecimiento de juzgados, infraestructura, capacitación y nuevas herramientas tecnológicas que permitan agilizar los procedimientos.
El magistrado presidente destacó que el presupuesto proyectado busca responder a las exigencias actuales del sistema de justicia, particularmente en materia de transparencia, eficiencia y cercanía con la ciudadanía. Subrayó que el avance de la reforma judicial requiere inversiones sostenidas para garantizar su correcta implementación, así como para asegurar mejores condiciones laborales y operativas para jueces, magistrados y personal jurisdiccional.
De acuerdo con la propuesta presentada, el monto solicitado permitirá continuar con la actualización de plataformas digitales, la mejora de los espacios destinados a la atención del público, la ampliación de juzgados en regiones con mayor carga de trabajo y el fortalecimiento de los mecanismos de justicia alternativa.
Cebada Rivas afirmó que la modernización del Poder Judicial es un compromiso permanente y que el presupuesto planteado para 2026 responde a un análisis responsable de las necesidades más urgentes del sistema. Enfatizó que el objetivo final es ofrecer servicios más ágiles, confiables y accesibles para la población quintanarroense.
La solicitud será analizada en los próximos días dentro del proceso legislativo correspondiente, en el que se determinará el monto final autorizado para el Tribunal Superior de Justicia el próximo año.