Alejandro Peza
Un grupo de ocho ejidatarios de Juan Sarabia, acudieron al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 44 en la ciudad de Chetumal para atender la audiencia programada por la denuncia interpuesta contra la directiva del ejido que encabeza Lauro Cantú a quien le han exigido transparencia en el manejo de los recursos generados por la extracción de materiales para el Tren Maya.
Rodolfo Valle Villaseñor, explicó que en lugar de entregarles cuentas claras han recibido represalias y falsas sanciones.
Expuso que hay sospechas de que los ejidatarios no recibieron las utilidades correspondientes por los más de 600 millones de pesos que habrían ingresado a las cuentas del ejido por la explotación del banco de materiales para las obras delTren Maya, lo que correspondería a cada ejidatario una utilidad de al menos un millon de pesos, pues son más de 500 ejidatarios que conforman el núcleo agrario.
Sin embargo, cada ejidatario solo recibió alrededor de 250 mil pesos, cifra muy por debajo del millón de pesos que aseguran les correspondía.
La audiencia programada no pudo realizarse debido al diferimiento motivado por la ausencia de un abogado representante, quien no habría acudido por supuestas presiones y amenazas. De acuerdo con Valle Villaseñor, esta situación refleja el clima de intimidación que enfrentan quienes exigen cuentas claras a la directiva encabezada por el comisariado ejidal Lauro Cantú.
Los inconformes denuncian que desde hace meses dejaron de recibir pagos, lo que consideran una violación a sus derechos, pues aseguran que la directiva primero retuvo los recursos de manera arbitraria y posteriormente justificó la medida con acuerdos de asamblea utilizados como sanción. Señalan que estas decisiones son ilegales y forman parte de una serie de represalias por exigir transparencia.
Valle Villaseñor recordó que esta no es la primera vez que enfrentan a la dirigencia ejidal. Asegura que años atrás ganaron un juicio por descuentos indebidos de entre 10 mil y 10 mil 500 pesos, que en conjunto representaron más de 6 millones de pesos. No obstante, denunció que muchos ejidatarios desistieron de ese caso debido a amenazas, dejando solo a una minoría para cobrar la sentencia.
En esta ocasión, apenas ocho ejidatarios mantienen su postura de exigir justicia, ya que según afirmaron, las presiones continúan. Incluso relataron que en una asamblea reciente se pidió a los ejidatarios acudir al tribunal para “hacer presión” al magistrado a favor de la directiva, pese a que los procesos legales deben resolverse con pruebas y no con movilizaciones. También denunciaron que han sido despojados de voz y voto en el ejido como forma de castigo, sanción que aseguran es contra la ley y contra los derechos de los mexicanos.
Los ejidatarios sostienen que el tema central es la rendición de cuentas sobre los ingresos que dejó la extracción de materiales para la obra del Tren Maya, los cuales consideran que podrían verificarse fácilmente revisando cuánto pagó la autoridad federal al ejido y cómo se distribuyó entre los cerca de 600 integrantes.
Rodolfo Valle dijo confiar en que el Tribunal Agrario actuará con imparcialidad y reiteran que su único propósito es que se esclarezca el destino del dinero.