Alejandro Peza
Habitantes de la comunidad rural de Luis Echeverría manifestaron su inconformidad en contra de la Dirección de Recuperación de Adeudos Fiscales (DRAEF), área dependiente de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), luego de que personal de esta dependencia intentara colocar sellos de clausura y embargo en varios domicilios por presuntos adeudos acumulados.
De acuerdo con los pobladores, el monto reclamado por la dependencia estatal asciende a más de 230 mil pesos, cantidad que consideran “imposible de cubrir” debido a las condiciones económicas precarias de la comunidad y a la falta de un servicio de agua potable regular durante los últimos años.
Los inconformes señalaron que, pese a que han solicitado en repetidas ocasiones una revisión técnica y administrativa de los cobros, no han recibido respuesta formal de parte de la CAPA. Por el contrario, aseguraron que la presencia de personal de la DRAEF en la comunidad para realizar notificaciones y colocar sellos generó un ambiente de tensión y molestia entre las familias afectadas.
“Nos quieren cobrar por un servicio que no llega. Aquí el agua sólo sale unos días al mes, y muchas veces tenemos que comprar pipas para abastecernos. No es justo que ahora nos quieran embargar por algo que no recibimos”, expresó una de las vecinas durante la manifestación.
Ante la inconformidad, los habitantes realizaron un bloqueo simbólico frente a la oficina local de la CAPA, exigiendo la suspensión inmediata de los procedimientos de embargo y la apertura de una mesa de diálogo con representantes del gobierno estatal.
Por su parte, autoridades municipales informaron que se buscará la intervención de la Secretaría de Gobierno para mediar entre los vecinos y la dependencia, con el objetivo de evitar que el conflicto escale y garantizar una revisión transparente de los adeudos reclamados.
Mientras tanto, los habitantes de Luis Echeverría reiteraron su disposición a regularizar su situación siempre que se ajusten los cobros a la realidad del servicio que reciben. “Queremos pagar lo justo, pero no podemos aceptar abusos”, afirmaron.
