Alejandro Peza
Quintana Roo se encuentra entre las diez entidades del país con mayor sobrepoblación carcelaria, al registrar un nivel de hacinamiento superior al 64 por ciento en sus centros penitenciarios.
De acuerdo con datos oficiales, la capacidad instalada de las cuatro cárceles en la entidad es para 2 mil 695 Personas Privadas de su Libertad (PPL); sin embargo, actualmente albergan a 4 mil 423 internos, lo que representa una sobrepoblación de mil 728 personas, equivalente al 64.12 por ciento por encima del límite permitido.
El Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Reinserción Social informó que del total de los internos en las cárceles de Quintana Roo cuatro mil 65 están por delitos del fuero común y 358 por hecho del fuero federal.
También se establece que 282 de la PPL son mujeres, 259 están recluidas por delitos del fuero común y 26 por actos del fuero federal.
Además el organismo federal destaca que mil 318 reclusos están purgando una condena al contar con sentencia, mientras que tres mil 105 enfrentan todavía un proceso judicial.
Esta situación coloca a Quintana Roo dentro del “top ten” nacional de entidades con mayor saturación penitenciaria, reflejando un problema estructural que ha sido señalado de manera reiterada por organismos de derechos humanos, al considerar que el hacinamiento compromete la seguridad, la salud y los procesos de reinserción social de las personas internas.
Fuentes penitenciarias reconocen que la mayor carga de población se concentra en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Cancún, seguido del de Chetumal, mientras que los de Cozumel y Playa del Carmen presentan menor ocupación, aunque también superan su capacidad.
Expertos en la materia advierten que el crecimiento poblacional y el incremento de detenciones preventivas han rebasado la infraestructura disponible, y destacan la necesidad de implementar políticas públicas enfocadas en penas alternativas, modernización de espacios y medidas no privativas de libertad para delitos menores.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Quintana Roo (CEDHQROO) ha señalado que el hacinamiento dificulta el acceso a servicios básicos como atención médica, alimentación adecuada y programas de readaptación, lo que afecta directamente los derechos humanos de las PPL.
El Gobierno del Estado ha reconocido la problemática y anunció que se analizan estrategias de ampliación y modernización de los centros penitenciarios, así como acuerdos interinstitucionales para reducir la población carcelaria mediante procesos de preliberación y revisión de medidas cautelares.
