Alejandro Peza
El Juzgado Primero de Distrito con sede en Campeche concedió a comunidades mayas, urbanas y costeras, la suspensión definitiva de obras nuevas relativas al Tren Maya en el tramo 2, que corre de Escárcega a Calkiní, en esta entidad.
Escárcega es punto clave en el proyecto, pues además de que conectará a los tramos Palenque, Chetumal y Calkiní, se instalarán ahí los talleres de reparación y mantenimiento de los trenes.
Este nuevo obstáculo judicial se suma a la suspensión definitiva concedida al pueblo maya peninsular y ch’ol en el tramo Bacalar-Escárcega, en marzo pasado, y a la que con motivo de la pandemia se otorgó en mayo a un grupo de adultos mayores en esta ciudad capital, para evitar ser desalojados de sus predios.
El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) informó que al resolver la nueva demanda de amparo, admitida el pasado jueves 3, el Juzgado Primero de Distrito en Campeche concedió la suspensión definitiva de nuevas obras del tramo 2 del Tren Maya.
Dichas obras están a cargo de Operadora Cicsa, filial de Carso, de Carlos Slim, y la empresa española FCC Construcción, en la que el magnate mexicano figura también como accionista mayoritario.
El tramo abarca 235 kilómetros, que atraviesan seis municipios, y el tiempo de construcción estaba previsto en 28 meses.
Paralelamente, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Sedatu) y la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu) prevé invertir 126 millones de pesos en obras de mejoramiento urbano en Escárcega, como drenaje y calles.
El Cemda y representantes de comunidades indígenas, campesinas, urbanas y costeras de Campeche y Yucatán que intervinieron en la demanda colectiva de amparo contra el proyecto, informaron que el recurso se presentó en el juzgado en julio pasado.
Destacaron que la suspensión concedida a los demandantes, entre los que además figuran agrupaciones ambientalistas, implica que “no se podrán ejecutar obras nuevas con relación al proyecto Tren Maya en el tramo 2, que abarca de Escárcega a Calkiní, en el estado de Campeche”.
No obstante, aclararon que la suspensión no es definitoria, pues únicamente paraliza las “obras nuevas” durante el tiempo que demore en resolverse el juicio.
“Con esta resolución, la autoridad judicial permite a las personas que interpusieron el amparo poder celebrar un proceso judicial sin que se realicen obras que podrían generar daños irreparables, lo cual constituye un beneficio para la sociedad en general”, explicó Javier Martínez Esponda, abogado y director operativo del Cemda.
Y confió en que, “ante los argumentos presentados, el Estado mexicano pueda aplicar el principio de precaución que ya es vigente en México para todas las autoridades y decida suspender todo el proyecto”.
Los entes obligados a acatar la instrucción judicial son la presidencia de la República, el Fonatur, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SC) y Fonatur Tren Maya.
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