Alejandro Peza
Al menos dos mil residentes del complejo residencial Andara de Chetumal enfrentan la falta de agua potable debido a las restricciones impuestas por el empresario Sergio Zapata Vales, quien continúa prohibiendo la instalación de tinacos y cisternas en las viviendas.
Meses atrás un juez determinó que el fraccionamiento Andara ya se encuentra municipalizado y, por lo tanto, debe recibir servicios públicos de manera regular por parte del Estado.
De acuerdo con Bruno Cárcamo Arvide, residente del fraccionamiento, la negativa del desarrollador se justifica bajo el argumento de preservar la “imagen urbana” del conjunto habitacional.
Sin embargo, el problema se agrava porque las viviendas fueron diseñadas estructuralmente para no soportar tinacos en los techos, lo que impide a las familias almacenar agua de manera segura. Esta condición, explicó, no es casual, ya que el proyecto habitacional fue concebido para depender exclusivamente del suministro controlado por la empresa vinculada al propio Zapata Vales.
Los vecinos señalaron que la crisis del agua en Andara no es un hecho reciente, sino una problemática que se arrastra desde hace años y que ha afectado de manera recurrente a miles de personas, sin que exista una solución de fondo. No obstante, la situación se volvió crítica en los últimos días debido a la avería de un transformador que dañó el sistema de bombeo de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), lo que interrumpió el suministro regular.
Aunque esta falla técnica corresponde a la infraestructura pública, los residentes advirtieron que la injerencia del empresario agrava el problema, al impedir alternativas básicas de almacenamiento de agua, incluso en emergencia.
Aseguró que esta postura contradice la resolución judicial que reconoce la municipalización del fraccionamiento y el derecho de los habitantes a recibir servicios públicos sin condicionamientos privados.
Los afectados hicieron un llamado a las autoridades estatales y municipales para que hagan valer la resolución judicial, garanticen el acceso al agua potable y revisen las condiciones en las que se autorizó el diseño de las viviendas, ya que la falta de soluciones mantiene en vulnerabilidad a miles de familias que, pese a cumplir con sus obligaciones, continúan sin un servicio básico indispensable.
