Alejandro Peza
El arrendamiento de pistas de hielo sintético contratado por el gobierno de Quintana Roo ha generado cuestionamientos luego de que se compararan los montos pagados en la entidad con los costos registrados en otros municipios del país, como el caso de Celaya, Guanajuato, donde un proyecto similar tuvo un costo considerablemente menor.
De acuerdo con información pública, el gobierno municipal de Celaya, Guanajuato, destinó 1.9 millones de pesos para la renta de una pista de hielo durante un periodo de 30 días, como parte de las actividades recreativas de temporada. Este monto incluyó la instalación, operación y los servicios necesarios para su funcionamiento durante todo el mes.
En contraste, en Quintana Roo, el gobierno estatal erogó 3 millones 750 mil pesos por cada pista de hielo sintético, instaladas en las ciudades de Chetumal y Cancún, lo que representa el doble del costo pagado en Celaya por un periodo similar, pese a que en el caso quintanarroense no se trató de hielo natural, sino de superficie sintética.
La comparación de cifras evidencia una diferencia significativa en el gasto público. Mientras Celaya pagó 1.9 millones de pesos por una pista durante 30 días, Quintana Roo destinó 7.5 millones de pesos en total por dos pistas, con un costo individual de 3.75 millones de pesos, lo que ha generado dudas sobre los criterios utilizados para fijar el precio del arrendamiento.
Otro elemento que ha intensificado la polémica es que las pistas instaladas en Quintana Roo fueron promovidas como pistas de hielo, cuando en realidad corresponden a pistas ecológicas de hielo sintético, un material que no requiere sistemas de refrigeración ni consumo energético elevado, lo que en teoría debería traducirse en menores costos de operación y arrendamiento.
Diversos sectores han señalado que, aun considerando servicios adicionales como patines, logística, montaje, desmontaje y personal de apoyo, la diferencia de precios resulta difícil de justificar, sobre todo cuando existen antecedentes recientes en otros estados con costos notablemente inferiores.
En el caso de Quintana Roo, las pistas fueron colocadas en dos de las principales ciudades del estado, lo que incrementó la visibilidad del proyecto, pero también el escrutinio ciudadano sobre el manejo de los recursos públicos, especialmente en un contexto donde persisten carencias en rubros prioritarios como seguridad, salud e infraestructura básica.
Hasta el momento, las autoridades estatales no han ofrecido una explicación detallada sobre las razones por las cuales el arrendamiento de las pistas de hielo sintético en Chetumal y Cancún tuvo un costo que prácticamente duplica el de proyectos similares en otros municipios del país.
La situación ha abierto el debate sobre la transparencia en las contrataciones gubernamentales, la necesidad de comparar precios de mercado antes de adjudicar contratos y la importancia de informar con claridad a la ciudadanía sobre el tipo de servicios que se adquieren y el valor real de los mismos, a fin de garantizar un uso eficiente y responsable del dinero público.
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