Alejandro Peza
La asociación civil «Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano» (DMAS) ha presentado una iniciativa legislativa ante el Congreso de Quintana Roo, compuesta por cuatro propuestas de reforma legal.
Estas iniciativas, firmadas por ciudadanos de los 11 municipios, buscan fortalecer la protección del medio ambiente y los derechos ambientales de los quintanarroenses.
El objetivo de estás iniciativas es la de impulsar leyes que protejan los ecosistemas, el derecho a la vivienda y la movilidad, con foco en la protección del medio ambiente y la garantía del derecho a un ambiente sano.
La propuesta legislativa incluye cuatro iniciativas de reforma sobre leyes relacionadas con:
– Protección de ecosistemas.
– Derecho a la vivienda.
Movilidad.
Las iniciativas fueron firmadas por habitantes de los 11 municipios de Quintana Roo, lo que refleja la participación de la ciudadanía en la construcción de la propuesta legislativa.
La DMAS busca atender temas urgentes relacionados con el cuidado de los ecosistemas y el desarrollo sustentable en Quintana Roo, donde la protección del medio ambiente y la calidad de vida de sus habitantes son prioridades.
Antonella Vázquez, integrante de la asociación civil DMAS, comentó que las iniciativas son ley Solimán, ley de movilidad sustentable, ley Pok Ta Pok y la ley Tajamar.
«Lo que queremos con la ley Tajamar es que se haga esa conexión de proteger humedales, manglares y cenotes por medio de incorporar a la ley de asentamientos urbanos del estado de Quintana Roo la protección de estos humedales por medio del Atlas de Riesgo. Lo que se quiere con el Atlas de Riesgo es que dentro de los 11 municipios se implemente la ubicación y se señale dentro de ellos todos los cenotes que hay para ubicarlos, cuidarlos y que se protejan también a través de la ley de asentamientos urbanos; que al atlas se haga público y que los mismos ciudadanos informen sobre los cenotes que conozcan y se incluyan en esta protección».
En tanto que con la ley Pok Ta Pok se pretende que las autoridades hagan los estudios de impacto ambiental y de capacidad de carga antes de otorgar usos de suelo dentro de los programas de desarrollo urbano, «no queremos que se construya sobre los ecosistemas, sobre los manglares, sobre los cenotes, eso es lo que buscamos”, acotó.
Con la ley Solimán los ambientalistas buscan que los delitos urbanos se conecten con la ley de asentamientos urbanos y con el Código Penal, que ya establece estos delitos urbanos, pero no tiene señalado cuál es la sanción para los desarrolladores que pretendan construir; «es necesario que sepan que se necesita un estudio de impacto ambiental, que es un delito urbano el vender desarrollos e inmuebles sobre áreas en donde no se debe construir», explicó.
Con la cuarta propuesta, la de ley de movilidad, lo que se pretende es que se creen leyes de movilidad con el fin de garantizar a los ciudadanos el poner en primer lugar a los peatones, para que se privilegie su seguridad, pero también para que se establezca un transporte limpio, «que sea un transporte equitativo, que tengamos rutas de transporte… lo que pretendemos es que con esta ley haya un mejor orden en cuestiones de movilidad”, indicó.
Un dato importante es que las cuatro iniciativas surgieron desde DMAS con apoyo de expertos en movilidad, expertos en medio ambiente, en urbanismo, con apoyo de muchos ciudadanos que conocen del tema y de personas que realmente están comprometidas con su entorno en los 11 municipios.
