Detecta el Ayuntamiento de Othón P. Blanco irregularidades financieras en el contrato que se firmó hace 12 años con la empresa avance luminicos

Alejandro Peza

La presidenta municipal de Othón P Blanco,Yenssuni Martínez, indicó que se detectaron serías irregularidades financieras en el contrato que se firmó hace 12 años con la empresa avance luminicos y que hoy reclama el pago de más de mil millones de pesos por la instalación de 25 mil lámparas LED.

El contrato entre el ayuntamiento de Othón P Blanco y la empresa Avances Lumínicos se suscribió en el año 2011 y contemplaba la instalación de 25 mil lámparas LED en Othón P. Blanco, en donde la empresa invertiría 168 millones de pesos en las luminarias y en el que el ayuntamiento pagaría 728 millones de pesos divididos en 15 años.

Sin embargo, doce años después se descubrió que Avances Luminicos no cumplió del todo con sus obligaciones pues se detectaron zonas de la ciudad con lámparas de tecnología anterior a la LED, además de que no hay evidencias del retiro de las lámparas viejas y se comprobó que tampoco se cambió el cable eléctrico.

El contrato establecía un costo unitario de 550 dólares por lámpara, mismo que multiplicado por 25 mil 507 luminarias resulta una inversión de 14 millones 28 mil 850 dólares.

Si se toma en cuenta que el convenio se firmó a principios de 2011, cuando el dólar costaba 12 pesos, la inversión de Avances Lumínicos Plus, era de 168 millones 346 mil pesos, que representa poco menos del 25 por ciento de los 728 millones de pesos que pagaría la Comuna por 15 años de este «servicio».

La empresa estaba obligada a sustituir las 25 mil 507 luminarias, conservar en óptimas condiciones las obras e instalaciones, modernizando equipo para su prestación de acuerdo con los adelantos técnicos, cuando ha sido señalado que no se instaló nuevo cableado especial para las lámparas LED, lo que no permitió que se refleje el ahorro en energía eléctrica.

Un dato importante es que Avances Luminicos mantiene sobre el ayuntamiento un juicio que en teoría obligaría al gobierno municipal a pagar los mil millones de pesos que la empresa exige como «reparación del daño».