Dos mujeres en Quintana Roo están bajo investigación judicial por la interrupción de sus embarazos

Alejandro Peza

Dos mujeres en Quintana Roo están bajo investigación judicial por la interrupción de sus embarazos pese a que el 7 de septiembre pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la criminalización del aborto es inconstitucional.

La Red Feminista Quintanarroense (RFQ) acusó que la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría Estatal de Salud (Sesa) no acatan el pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que dejó sin efecto la criminalización del aborto.

La presidenta de RFQ, Yunitzilim Rodríguez Pedraza, indicó que en Bacalar y Solidaridad existen dos mujeres, una de ellas menor de edad, que enfrentan procesos judiciales por abortos practicados.

Yunitzilim Rodríguez, recordó que meses atrás, la Red Feminista Quintanarroense (RFQ) anuló la iniciativa de despenalización del aborto que promovió el pasado 24 de septiembre y se adhirió a la que impulsan las legisladoras Tyara Scheleske de Ariño y Ana Ellamín Pamplona Ramírez.

Ello con el fin de dar celeridad al proceso de análisis y dictaminación del trabajo legislativo referido a la interrupción del embarazo, pues la iniciativa interpuestas por las diputadas fue leída ante el pleno del Congreso del Estado el 5 de octubre reciente.

La presidenta de RFQ, dijo que «una vez discutida en Comisiones, solicitamos sea votada con prontitud en el Pleno de esta Legislatura de la Paridad y hacemos votos por que las y los legisladores emitan su voto apegados a la legalidad, al control convencional, al principio de interpretación conforme y a las recomendaciones emitidas en la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el Estado».

Asimismo, añadió que en el afán de reconocer y exigir sus derechos, 40 mujeres han sido asistidas por la RFQ con pastillas abortivas.

Tan sólo del año 2017 a junio del año 2020, 142 mujeres de Quintana Roo acudieron a la Ciudad de México a practicarse abortos, pues en el estado aún se les criminaliza.

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